La cuantía puede reducirse un 30% si aceptas la regularización (conformidad) y, sobre lo que quede, otro 40% si pagas en plazo y no recurres, según el artículo 188 de la Ley General Tributaria. Recurrir es legítimo, pero hace perder esas reducciones.
La sanción se tramita en un procedimiento separado de la regularización. Primero Hacienda calcula la cuota que faltaba y los intereses de demora; después abre el expediente sancionador, en el que tiene que justificar que hubo culpa o, al menos, negligencia. Por eso un error razonable al interpretar una norma dudosa no debería acabar en sanción, aunque sí tengas que pagar la cuota pendiente.
El error típico es confundir sanción y recargo. Si dejas pasar un plazo y Hacienda te escribe antes de que tú regularices, ya no hablas de recargo: hablas de sanción, y suele ser bastante más cara. Otro error es pensar que pagando la cuota se cierra todo; la sanción llega por separado, a veces meses después, a tu buzón de notificaciones electrónicas.
Las sanciones nacen casi siempre de un requerimiento o de una comprobación, y se pueden aplazar como cualquier otra deuda. Si recurres en vía administrativa, la sanción queda suspendida sin necesidad de aportar garantías mientras se resuelve.
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